La Financiación de los Partidos Políticos

La financiación de los Partidos Políticos

Este tema ha generado gran interés últimamente, aunque no se haya tratado mucho. Los casos de corrupción y malversación de dinero público que han afectado a distintos partidos han provocado que la ciudadanía quiera saber de dónde viene el dinero que utilizan. Aunque ya existía una ley desde el año 2007, los sucesivos escándalos y la necesidad de actualización dieron lugar a la última modificación vigente. Fue el 30 de marzo de 2015 cuando dicha modificación salió adelante, estamos hablando de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. En concreto, establece las formas en las que los partidos políticos españoles han de recibir fondos. Tenemos que partir de la base de que pueden ser públicos o privados.

El Tribunal de Cuentas se ha encargado de abordar la contabilidad de un total de 25 partidos políticos. Este órgano cifra en 170 millones de euros la financiación pública de los partidos políticos españoles, cantidad que representa el 72% del total de recursos obtenidos. Es decir, siete de cada diez euros de los partidos políticos son de origen público. 

Financiación pública

El dinero público que llega a los partidos varía en función de la representación que han obtenido en citas electorales anteriores. La mayor partida es la de subvenciones anuales para gastos de funcionamiento ordinario, que entregan tanto el Ministerio del Interior a partidos con representación en el Congreso de los Diputados como algunos Gobiernos autonómicos.

Dicha ley regula de la siguiente manera los ingresos públicos:

  • Subvenciones estatales para gastos de funcionamiento.
  • Subvenciones autonómicas para gastos de funcionamiento.
  • Subvenciones extraordinarias para campañas de propaganda.
  • Aportaciones de los grupos parlamentarios.

Otra forma de financiación son las subvenciones electorales, con las que se compensan los gastos en los que incurren las formaciones en los comicios. En 2018 esta partida solo representaba 6,2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Pero con las repeticiones electorales de ámbito estatal, en 2019, el Gobierno calculó que emplearía 69,5 millones de euros.

Queremos ser más precisos, las ayudas públicas euro a euro, son:

  • 21.168 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado.
  • 0,81 euros por cada voto obtenido en el Congreso.
  • 0,32 euros por cada voto del Senado.

Financiación privada

En cuanto a la financiación privada, los partidos disponen de varias herramientas. Por lo general, se nutren de las cuotas que pagan afiliados y simpatizantes. El límite es de 100.000 euros anuales por persona. La ley prohíbe que reciban donaciones anónimas y de empresas o cualquier persona jurídica. Solo pueden recibir donaciones de personas físicas que “no sean parte de contratos públicos vigentes”, siempre que no superen los 50.000 € anuales. Pueden pedir préstamos a bancos, pero no pueden beneficiarse de condonaciones de deuda, ni de renegociaciones de las condiciones de los créditos en las que se acuerden tipos de interés por debajo de los comerciales. 

Estamos hablando de que, según el informe del Tribunal de Cuentas, tres de cada diez euros provienen de afiliados, simpatizantes o bancos. Cifras muy por debajo de las ayudas que brinda el Estado.

Por otro lado, los partidos políticos disfrutan de grandes exenciones fiscales. Esto se debe a que no pagan impuesto de sociedades por las rentas obtenidas mediante subvenciones, cuotas, donaciones privadas o rendimientos. 

Cómo podemos observar, la balanza se encuentra desproporcionada y la dependencia política hacia los fondos públicos es muy grande. Por ello, desde el Tribunal de Cuentas, llevan tiempo recomendando a los partidos políticos la necesidad de equilibrar la balanza entre la financiación pública y privada.

Obligaciones

La ley les obliga a que presenten su contabilidad anual ante el Tribunal de Cuentas. Deben incluir una memoria en la que se indique, de manera detallada, una relación de todos sus donantes y los préstamos suscritos con los bancos. Sin embargo, no están obligados a incorporar las cuentas de sus grupos políticos en parlamentos, diputaciones y ayuntamientos.

Contradicciones 

Pero, no es oro todo lo que reluce. Según el examen del Tribunal de Cuentas, 10 de 25 formaciones políticas no reflejaron adecuadamente la imagen exacta de la situación financiera y patrimonial. Los auditores han apreciado además limitaciones al alcance que han afectado a nueve formaciones políticas. Esto se debe a la falta de integración en las cuentas anuales de la contabilidad electoral, de parte de organizaciones territoriales, o de las contabilidades de algunos partidos federados o coaligados, que no han podido fiscalizarse. En conclusión encontramos que, aunque la ley establece los parámetros por los que deben regirse, hay aspectos que permiten que la transparencia no sea completa del todo.

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